Algunos en la izquierda insisten en que la Ley SAVE America impone un "impuesto de votación"—una tarifa que se cobra a los votantes por el privilegio de votar, lo que violaría la 24ª Enmienda—porque alguien podría tener que pagar para reemplazar un certificado de nacimiento perdido o conseguir un pasaporte. Totalmente falso. El proyecto de ley no impone ninguna tarifa por votar o registrarse e incluso proporciona un proceso mediante el cual los votantes que carecen de documentación tradicional pueden probar su ciudadanía. La prueba de ciudadanía bajo el proyecto de ley se establecería típicamente utilizando documentos que la mayoría de los estadounidenses ya tienen (los mismos documentos que se le pide a cada estadounidense que presente al comenzar un nuevo trabajo): - Pasaportes (sin costo adicional si ya tienes uno) - Certificados de nacimiento (emitidos gratis al nacer; muchos estados ofrecen reemplazos gratuitos o de bajo costo o exenciones específicamente para necesidades de votación/identificación) - Identificaciones militares + registros de servicio (gratis del DOD) - Documentos de naturalización (ya en posesión) - Identificaciones tribales El propio proyecto de ley contiene un lenguaje que prohíbe explícitamente las tarifas; de hecho, las agencias federales ni siquiera pueden cobrar tarifas por verificar los datos de ciudadanía con los estados. No se requiere compra. ¿Perdiste tus documentos? No hay problema. El proyecto de ley exige que los estados permitan a los votantes que carecen de los documentos preferidos presentar una declaración jurada para establecer la ciudadanía—junto con cualquier "otra evidencia" que puedan tener para dar credibilidad a la declaración jurada—por lo que no hay gastos forzados. Nadie estaría obligado a gastar ni un centavo para votar bajo la Ley SAVE America. La Ley SAVE America asegura las elecciones sin gravar a nadie. Punto.