La Asociación de Constructores de Viviendas acaba de manifestarse en contra de un importante proyecto de ley sobre vivienda que avanza en el Congreso y tienen un buen argumento. Tanto Trump como los demócratas progresistas quieren restricciones sobre la propiedad institucional de casas. La mayoría de los expertos son escépticos sobre la política, pero tiene una buena aceptación en las encuestas, por lo que alguna versión se incluirá. En una versión anterior, había una excepción para las instituciones que construyen nuevas viviendas para el mercado de alquiler. Las restricciones solo se aplicarían a las instituciones que compran casas existentes y las retiran del mercado (o más precisamente, las mueven de la venta a alquiler). En un proyecto de ley bipartidista publicado anoche, las instituciones que construyen nuevas casas para alquilar tendrían que deshacerse de ellas en un plazo de 7 años. Esto no tiene sentido. Necesitamos más viviendas de todo tipo, tanto de alquiler como en venta. Restringir lo que el nuevo capital puede hacer con las casas que construye resultará en menos viviendas, socavando el propósito del proyecto de ley. La orden ejecutiva de Trump de enero eximió a quienes construyen nuevas casas de las restricciones de propiedad, reconociendo que la nueva construcción en cualquier forma ayuda a abordar la escasez de vivienda. Los constructores de viviendas tienen razón en que este proyecto de ley debería seguir el mismo enfoque.

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