La desconexión fundamental entre el gobierno de Estados Unidos y el público respecto al contrato social radica en la transición de un marco de "estado de derecho" a una burocracia basada en el "estado de expertos". Esto comenzó con Obama, convertido en arma durante Biden y no corregido por Trump. Históricamente, el contrato social estadounidense se basaba en un conjunto de reglas estables y predecibles que se aplicaban por igual a todos, permitiendo a los individuos perseguir sus propios intereses dentro de un marco conocido. Sin embargo, la clase política moderna ve cada vez más el contrato social no como una garantía de proceso, sino como un mandato para resultados sociales específicos. Este cambio da poder a los funcionarios no electos para eludir las restricciones constitucionales que originalmente estaban destinadas a proteger a la ciudadanía de los caprichos de quienes ostentan el poder. Cuando el gobierno trata la ley como un instrumento flexible para lograr la "justicia social" o la ingeniería económica, en la práctica descarta el consentimiento de los gobernados en favor de las visiones de los ungidos. Esta erosión del contrato tradicional genera un profundo sentimiento de traición entre el público, que se ve sometido a costes y consecuencias que nunca autorizaron. Mientras la intelectualidad en Washington opera bajo la "visión limitada", creyendo que posee el conocimiento superior para gestionar la vida de millones, el ciudadano medio afronta la realidad "sin restricciones" del aumento de la inflación, las escuelas fracasadas y un sistema legal que a menudo prioriza los derechos de quienes infringen la ley por encima de quienes la cumplen. La desconexión no es simplemente un desacuerdo político; Es una diferencia fundamental en cómo ambos grupos perciben el papel del Estado. Para el público, el contrato se rompe cuando el gobierno deja de ser árbitro y empieza a intentar ser el director de la obra, especialmente cuando su dirección conduce a una serie de desastres previsibles, aunque no reconocidos.